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Boletín de noticias 30 de marzo de 2012
EL TIEMPO
FISCAL PROMETE GIRO EN INVESTIGACIONES POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
Eduardo Montealegre se posesionó este jueves ante el Presidente en la Casa de Nariño.
Luego de asumir el cargo ante el presidente Juan Manuel Santos, Montealegre sostuvo que ese es uno de los grandes retos que empezará a desarrollar a partir de hoy.
El funcionario dijo que habrá un giro en esas investigaciones vinculadas a "graves delitos" cometidos contra los colombianos.
La otra prioridad del Fiscal es "no dejar fracasar la ley de Justicia y paz". Sostuvo que entre sus primeras decisiones está fortalecer la justicia transicional que ha sido criticada por el lento avance y las pocas condenas que ha conseguido.
Sostuvo que hay que hacer reformas estructurales y dijo que estará acudiendo al Congreso para que avance la reforma propuesta por la Fiscalía frente a la ley de Justicia y Paz.
La tercera tarea de Montealegre es dar una lucha frontal contra la corrupción y la criminalidad transnacional. En ese sentido anunció un fortalecimiento de las unidades que adelantan esas investigaciones y la utilización de la convención de Palermo que permite mejorar el intercambio de información con los demás países y facilita la persecución de los bienes adquiridos ilegalmente.
Montealegre hizo un nuevo llamado a los exfuncionarios del anterior gobierno que no han acudido a las diligencias judiciales por sonados casos de corrupción y dijo que "quienes están fuera del país deben regresar" y encontrarán todas las garantías para proteger sus derechos.
"No existirá una persecución de la Fiscalía o la Justicia", añadió Montealegre tras señalar que dará instrucciones para que se orienten todas las investigaciones hacía esl respeto de los derechos fundamentales y las garantía procesales.
Santos dijo que garantiza apoyo a gestión del nuevo Fiscal
"Puede usted contar con el apoyo del Presidente y del Gobierno en su gestión. Si a usted le va bien, a nosotros nos va bien", le dijo el presidente Juan Manuel Santos a Eduardo Montealegre, luego de posesionarlo como Fiscal General de la Nación.
El Jefe de Estado le agradeció a la Corte Suprema de Justicia por "cómo procedió" al elegir rápidamente al nuevo Fiscal, al tiempo que destacó la defensa que el nuevo jefe del ente investigador hizo en el Congreso del proyecto que reforma la justicia penal militar en lo relacionado con el fuero penal. (Lea también: 'Como Fiscal, Montealegre es prenda de garantía': Juan Manuel Santos)
"Lo que aprobó ayer la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es lo mejor que podemos hacer para lograr un equilibrio entre el respeto por los derechos humanos (...) y las garantías que nuestras Fuerzas Armadas deben tener en esta lucha", aseguró Santos.
El Presidente también destacó el avance en el Legislativo del proyecto de marco jurídico para la paz. Esa iniciativa, explicó, "no tiene finalidad distinta a la de arreglar los problemas de justicia y paz, que han surgido, entre otras cosas, porque fue un proceso que se hizo haciendo camino al andar, como dice la canción".
La iniciativa también servirá para, "si se presentan las circunstancias, poder tener un proceso hacia el futuro con los grupos que quieran acogerse y dejar las armas para traer la paz a este país".
Por otra parte, Santos exaltó los recientes golpes asestados a las Farc, los cuales, a la luz del nuevo plan de guerra son "los dos golpes más contundentes" que se le hayan dado a la guerrilla "en su historia".
'CARRUSEL' DE PENSIONES, DE CONTRALORÍA A COMISIÓN DE ACUSACIÓN
La polémica decisión fue tomada por siete conjueces del Consejo de Estado.
En una polémica decisión, una sala de siete conjueces del Consejo Superior de la Judicatura ordenó el jueves a la Contraloría enviar a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes el expediente del 'carrusel' de pensiones.
La orden se produce en momentos en que la Sala de Consulta del Consejo de Estado estudia el conflicto de competencia entre el organismo de control y la Comisión del Congreso.
La disputa la originó la decisión de la Contraloría de llamar a juicio fiscal a ocho magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura por el nombramiento irregular de personas próximas a pensionarse con el fin de incrementar sus salarios.
La consulta fue elevada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien el jueves insistió en que "Eso no lo debe definir la sala de conjueces sino el Consejo de Estado (...)".
Según la Comisión, los magistrados deben ser investigados por ellos debido a que cuentan con fuero constitucional, mientras que la Contraloría alega que en aspectos fiscales no es aplicable.
Los conjueces -postulados por varios de los magistrados salpicados en el escándalo- consideran que es el Congreso "el juez natural de los magistrados de las altas cortes".
Así lo determinó este jueves el Consejo Superior de la Judicatura.
Siete conjueces de la Judicatura determinaron que esa instancia del Congreso es el juez natural en el proceso por el 'carrusel' de las pensiones. (Así va el proceso por el carrusel de pensiones)
De esta forma, la sala de conjueces resolvió un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusación y la Contraloría, que fue elevada por la célula congresional.
La Contraloría había iniciado un juicio fiscal contra cuatro magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por haber nombrado en sus despachos magistrados auxiliares que estaban a punto de pensionarse. Ese nombramiento les permitió acceder a pensiones con sueldos de magistrados.
'CORTE SE POLITIZÓ E IMPREGNÓ DE CORRUPCIÓN': REPRESENTANTE RAMÍREZ
La representante conservadora Marta Cecilia Ramírez.
Siguen las críticas de algunos sectores del Congreso al máximo tribunal penal.
La representante conservadora Marta Cecilia Ramírez cuestionó las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia al manifestar que la institución no está generando confianza para el país.
"Yo digo que es muy triste para el país sentir que la Corte Suprema de Justicia se ha dejado politizar y se ha dejado impregnar por la corrupción", dijo la representante Ramírez en declaraciones al Canal del Congreso.
Sus comentarios se presentan justo al comenzar una legislatura en la que el Congreso de la República deberá discutir en los debates finales el proyecto de reforma a la Justicia, el cual ha creado algunas fricciones entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial.
"Ojalá nosotros pudiéramos meter la mano por la Corte (...) Siento pesar porque la democracia del país tiene que estar muy garantizada en la Justicia, y si la Corte Suprema de Justicia no nos genera confianza, en quién vamos a confiar", dijo Ramírez.
Las declaraciones de la representante antioqueña contrastan con los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para tratar de apaciguar los ánimos entre las diferentes ramas del poder público.
Concretamente, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha hecho un llamado para buscar un entendimiento en una reforma en la que se ha discutido la posibilidad de limitar la potestad nominadora de las Cortes, la existencia del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Acusaciones y la investigación de los funcionarios aforados.
Los primeros textos aprobados con el Congreso han sido considerados por la mayoría de las cortes como una afrenta, al punto de que el proyecto ha sido rotulado como una "revancha" por las investigaciones que inició la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas involucrados en la parapolítica.
Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria, han desmentido que se trata de un acto revanchista.
La representante Ramírez admite, no obstante, que el ambiente que ha rodeado la discusión ha sido tenso. "El congresista trabaja con muchas presiones: la presión de los medios (de comunicación) que le acaba el nombre y la presión de la Corte que le acaba con su libertad".
Como colofón, sostiene que en muchas ocasiones se abren investigaciones basadas en anónimos, lo que los magistrados desmienten. "Están jugando con la vida y la libertad de las personas", puntualiza.
HAY PREACUERDO PARA RETIRAR FUERO MILITAR DE REFORMA DE LA JUSTICIA
Tres de los cinco ponentes que tiene en Senado apoyan ajustes propuestos por el Ejecutivo.
El artículo que amplía el fuero militar sería retirado de la reforma de la justicia, si se cumple el preacuerdo al que llegaron el Gobierno y 3 de los 5 ponentes de la iniciativa en la Comisión Primera del Senado.
El borrador de la ponencia acordada para quinto debate excluye el artículo por el que pelean los uribistas.
En la reunión en el Capitolio, liderada por el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se dispuso apoyar la reforma integral al fuero militar presentada por el Gobierno y que ayer fue aprobada en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
El preacuerdo se dio gracias al concurso de congresistas liberales, verdes y del Polo. "Radicaremos la nueva ponencia sin el artículo de las peleas", dijo el senador liberal Jesús Ignacio García.
Sin embargo, los ponentes Juan Carlos Vélez ('la U') y Eduardo Enríquez Maya (conservador) se negarán a apoyarla. "Nos vamos a hacer contar", advirtió Vélez, quien es cercano al expresidente Álvaro Uribe.
Eduardo Montealegre, fiscal general, afirmó que "el artículo de la reforma de la justicia es insuficiente, es una propuesta que no resuelve los problemas estructurales de la Fuerza Pública".
De otro lado, ayer 'la U' le hizo un fuerte reclamo al Gobierno por la fórmula que se aprobó en la reforma de la justicia para financiar la rama. El jefe de la colectividad, Juan Lozano, dijo que incrementar los recursos de la Rama Judicial de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor, más un 2 por ciento anual y 1 billón de pesos para distribuir en los próximos cinco años, es poner a los jueces a "mendigar" presupuesto.
Lo que establece la iniciativa es un "golpe de muerte al principio de la separación de poderes", agregó Lozano, quien considera que lo que se está tramitando es más una "reforma política". La crítica de Lozano recayó en el minhacienda, Juan Carlos Echeverry, quien pidió en la Comisión Primera del Senado "no constitucionalizar" el presupuesto de la Rama Judicial, argumentando que se necesita "flexibilidad presupuestal
ENCRUCIJADA DE UNA REFORMA
Mario López Castaño
La Reforma de la Justicia como un todo está en entredicho. Han surgido serias críticas contra el proyecto original por parte de las altas cortes.
En realidad no es que al presidente Santos le falte autoridad para sus decisiones de gobierno, lo que ocurre es el dilema del que siempre hace gala cuando encuentra resistencia a sus proyectos institucionales, lo cual es consecuencia de su deseo de darle gusto a todo el mundo y de quedar bien con la gente. Esta tendencia, muy personalísima, es la que tiene en encrucijada, entre otros proyectos gubernamentales, al de la reforma de la justicia.
El cuestionamiento que se le hace es por cuanto un proyecto de iniciativa del Ejecutivo antes de ser presentado para su trámite en el Congreso debe haber estado precedido de una eficiente y eficaz asesoría para no cambiarle su estructura y filosofía, ya que para otros ajustes y enriquecimiento esta gestión le está atribuida al Legislativo.
Ejemplos clásicos de esta vacilación presidencial es el de la reforma del fuero militar, el cual fue introducido a la Reforma de la Justicia en el artículo 12. En el entretanto de su aprobación en primera legislatura surgió el disenso de voceros del país político y de ONG, que indujeron al Gobierno a nombrar una comisión de juristas de alto nivel para estructurar un proyecto de ley que como Acto Legislativo de Reforma de la Constitución hiciera trámite en el Congreso. Esta ambivalencia del Gobierno casi condujo al despropósito de que corrieran paralelos en el Congreso dos iniciativas de Reforma del Fuero Militar.
Otro de los ejemplos de la carencia de resolución del Gobierno en materia de reformas es el de la educación que, como bien se sabe, fue retirado del Congreso por la presión estudiantil.
De otro lado, también está en entredicho la Reforma de la Justicia como un todo; ahora, cuando se está iniciando el segundo período legislativo que cubre otros cuatro debates, han surgido serias críticas al proyecto original por parte de las altas cortes, las cuales estiman que con la reforma se ataca su independencia frente al Ejecutivo, se le acaba su función nominadora del Procurador y Contralor, se privatiza la justicia al dejar en manos de notarios y abogados la descongestión judicial y, otras, que tienden a menoscabarle la hegemonía a la Corte Suprema de Justicia en relación con las otras altas cortes. Estas críticas motivaron a los altos tribunales a marginarse de los debates en el Congreso durante la discusión de la reforma.
El Gobierno, tal vez en su temor reverencial hacia las cortes, pactó con el Congreso un cambio en la Reforma con miras a una segunda legislatura, con el cual pretende devolverle a la Corte Suprema de Justicia su primacía jurisdiccional, pero a la vez la enfrenta a la Corte Constitucional, ya que en los cambios excluye a esta Corte del juzgamiento de todos los magistrados de las altas cortes que le atribuye el proyecto a la Corte Suprema de Justicia. Se agrava esta situación, por el hecho de que los magistrados de las cortes, aun sin conocer los cambios antes referidos, en un reciente foro académico pidieron el retiro de la Reforma.
Como puede apreciarse, el obstáculo tal vez insalvable en esta reforma es la aceptación por parte de la Corte Suprema de Justicia de cambios que vayan a restarles supremacía frente a las otras Cortes. Sobre este particular, el Gobierno debe entender que si desea acabar con el mal llamado choque de trenes, rechazado reiteradamente por la opinión pública, debe asumir con entereza de carácter el perfeccionamiento del proyecto que inicia la segunda legislatura con cambios que conduzcan a un equilibrio de poderes entre todas las altas cortes.
A este respecto, bien se conoce que por culpa de la Corte Suprema de Justicia existe un desbarajuste institucional por la interinidad de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto de los cuatro años del actual período del Fiscal que aún no termina, dos años fueron desempeñados por encargo, un año por la Fiscal quien recientemente renunció a sus labores y el resto del período por el ya elegido de la terna presentada por el Gobierno.
No sobra advertir que el Congreso debe coadyuvar con el Gobierno a que esta reforma, afectada por una encrucijada, no naufrague en su paso por la última legislatura, y que sin desconocer el papel preponderante de las altas cortes en una reforma de la Justicia, el proyecto gubernamental por lo menos ataca la congestión judicial y elimina el choque de trenes, los más álgidos problemas que enfrenta la Justicia.
EL ESPECTADOR
EL OTRO FUERO EN REFORMA A LA JUSTICIA
Procurador sancionaría a legisladores, basado en el reglamento del Congreso, que modificarían este trámite.
Algunas de las sanciones más representativas del procurador Alejandro Ordóñez han sido contra Germán Olano, Iván Moreno y Piedad Córdoba.
Paralelamente a la discusión acerca de si eliminar o no el fuero penal militar de la reforma a la justicia, algunos congresistas estarían tramitando su propio ‘fuero’. Según un análisis de la Misión de Observación Electoral (MOE), les darían la vuelta a situaciones tan importantes como el conflicto de intereses y lograrían que el procurador ya no aplique el Código Disciplinario Único a la hora de sancionarlos, sino un régimen especial con modificación de la Ley Quinta.
El cambio al artículo 277, de las funciones del procurador, le asigna a éste expresamente la vigilancia de la conducta de los congresistas, pero ya no aplicando el Código Disciplinario Único, sino la Ley Quinta o reglamento del Congreso.
Con la aplicación del Código Único Disciplinario el procurador ha sancionado a 18 congresistas: Amparo Arbeláez, Germán Olano, Iván Moreno, Piedad Córdoba, Alirio Villamizar, Dieb Maloof Cuse, Luis Alberto Gil, Álvaro García, Luis Eduardo Vives Lacouture, Jorge Luis Caballero Caballero, Salomón de Jesús Saade Nader, José Rosario Gamarra Sierra, Alfonso Campo Escobar, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Miguel Alfonso de la Espriella, Manuel Julián Mazeneth y Jensy Acosta. Y son precisamente esas sanciones las que pretenderían evadir los parlamentarios.
“En adelante, el procurador va a poder destituir, pero no con código disciplinario, sino como digan los congresistas que se va a aplicar la Ley Quinta. Y no van a tener conflicto de intereses aprobándolo, independientemente del número de investigaciones que tengan”, le dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE a El Espectador.
Lo que más llama la atención es que aunque los parlamentarios estarían legislando en causa propia, pueden hacerlo porque el año pasado, a través del acto legislativo 01 de 2011, ellos decidieron que el conflicto de intereses no tendrá aplicación para la participación en el debate y la votación de proyectos de actos legislativos. Y en la reforma a la justicia ampliarían tal libertad a las leyes que se requieran para la implementación de dicha iniciativa.
Como si esto no fuera suficiente, los legisladores también se estarían blindando frente a las investigaciones del Consejo de Estado, que actualmente constata una violación al conflicto de intereses, analiza el régimen de inhabilidades e inmediatamente decreta la pérdida de investidura.
La propuesta es que en adelante el Consejo de Estado pruebe si hay dolo o culpa en la violación al conflicto de intereses o cualquier otra falta y, dependiendo de lo que la ley establezca, entraría a aplicar la pérdida de investidura.
Para la MOE, en principio dicha modificación sería vista con buenos ojos, pero la propuesta se complica cuando se prohíbe el régimen de responsabilidad objetiva y en aplicación de la sanción se debe atender el principio de proporcionalidad.
Es decir, según el principio de proporcionalidad, la sanción estará de acuerdo con la gravedad de la falta. En la actualidad la ley establece que la única sanción prevista es la pérdida de investidura, pero los congresistas quieren agregarle que esto sea gradual.
Esto genera muchas dudas a juicio de la MOE, pues a la hora de la aplicación, al parecer se estarían protegiendo de una eventual pérdida de investidura.
El acuerdo no está firmado
Aunque existen versiones sobre un presunto acuerdo para eliminar de la reforma a la justicia el artículo que fortalece el fuero militar, el senador Juan Carlos Vélez afirmó que el único convenio existente es el de salvaguardar las Fuerzas Militares. Frente al polémico artículo dijo que espera que su retiro se decida por votación y, si los partidos de la U y Conservador continúan con sus postulados, son nueve los parlamentarios que mantendrán el artículo y así estaría casi confirmado que el fortalecimiento al fuero seguiría con vida en la reforma.
CORTES SEGUIRÁN NOMINANDO A CONTRALOR Y PROCURADOR PERO TENDRÁN INHABILIDADES
Los magistrados no podrán llevar a las nóminas de esas entidades de control a sus familiares, según la ponencia de reforma a la justicia.
El Congreso de la República regresará a las Altas Cortes el ‘poder nominador’ para la elección del Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República. Así quedará en la reforma a la justicia, según la ponencia que será radicada para discusión en la comisión primera del Senado.
Aunque en los cuatro primeros debates de aprobación (de los ochos que debe surtir la iniciativa) les fueron quitadas las facultades para nominar y presentar candidatos para los órganos de control, en el Capitolio se estudió con más detenimiento esa idea y se reversó dicha posibilidad.
Así las cosas, todo seguirá igual en cuanto a esa facultad nominadora. En la actualidad, el contralor es escogido por el Congreso en pleno de una terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Para el caso del Procurador lo elige el Senado de una terna que debe ser integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
Sin embargo, los legisladores consideran necesarios establecer un régimen de inhabilidades a los magistrados de las Cortes, luego de que surtan esa facultad nominadora.
La idea es que se les quite ese “estigma” a las Cortes que hoy postulan para la elección de los altos dignatarios del Estado en los órganos de control y después llevan a las nóminas de esas entidades a sus familiares.
El Gobierno Nacional ha expresado que no es buena la “politización” de la justicia, a través del poder nominador y, de hecho en el proyecto original, el Ejecutivo pidió quitar esa facultad a las Cortes.
En ese sentido, en anteriores debates de la reforma en el Congreso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que esa facultad “no ha sido útil para la justicia y ha contribuido a su politización".
“Sería más bien útil preguntarles a las Corte porqué quieren conservar funciones nominadoras”, aseguró el funcionario.
Ahora, la comisión primera espera que después de Semana Santa se lleve a cabo el quinto de ocho debates de aprobación en la corporación.
LA REFORMA AL FUERO PENAL MILITAR
Por: Yesid Reyes Alvarado
En el proyecto de reforma a la justicia se propone modificar el fuero penal militar, con la advertencia de que “se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública”.
Con ello no se resuelve nada porque esa presunción admite prueba en contrario, lo que en la práctica significa que el Consejo Superior de la Judicatura seguirá siendo el encargado de determinar si un caso debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria o por la castrense. La iniciativa es puramente formal, porque invierte la regla general sin tocar los aspectos de fondo del problema, que básicamente tienen que ver con la naturaleza de la actividad militar y sus alcances.
Es imperioso tener claro que conductas como las de herir o dar muerte a una persona deben ser valoradas de forma distinta dependiendo del contexto en el que ocurran. Aplicar el Código Penal ordinario a un militar que en combate lesiona o mata a un guerrillero, significa reprocharle una actuación que el Estado le impone y para cuya ejecución ha sido formado. En la contienda son válidos comportamientos que afectan la integridad personal de los combatientes, de tal forma que no es exagerado sostener que ellos son normales en ese entorno. Esa es la razón para que se haya desarrollado un derecho internacional humanitario que se encarga de señalar límites al ejercicio de la fuerza que es connatural al enfrentamiento bélico. Dentro de él se asume la legitimidad de acciones que pueden suponer incluso la eliminación física del oponente, siempre que se respeten unas pautas mínimas que nada tienen que ver con el derecho penal ordinario.
Por lo tanto, los militares que se ajusten a esos parámetros o los vulneran a través de acciones vinculadas a sus atribuciones permanecen al margen del derecho penal ordinario, aun cuando formalmente parezcan violarlo; tales comportamientos no deben ser juzgados al amparo de esa legislación, sino bajo la óptica del derecho internacional humanitario. Esa es una de las recomendaciones de la comisión creada por el Gobierno: que las acciones propias de la contienda se valoren por la justicia penal militar de acuerdo con los parámetros del derecho internacional humanitario.
Pero también es cierto que hay actividades que son abiertamente incompatibles con los deberes militares; hechos que no pueden considerarse como simples violaciones propias de un estado de guerra, como el genocidio, la desaparición forzada, la tortura o las ejecuciones extrajudiciales. Para el juzgamiento de estos excesos está previsto internacionalmente que la competencia radique en tribunales civiles, por tratarse de acciones que no guardan relación con el ejercicio legítimo de la fuerza. Esa es otra de las sugerencias de la comisión gubernamental.
En cuanto este segundo proyecto sobre fuero penal militar desplaza a la justicia castrense todas las conductas inherentes al conflicto armado, pero mantiene la competencia de los tribunales ordinarios para las graves violaciones al derecho internacional humanitario, no cabe duda de que es preferible a la propuesta que se reduce a invertir una presunción sin abordar los problemas de fondo.
EL NUEVO SIGLO
GARANTIZARÁN MÍNIMO VITAL DE AGUA EN COLOMBIA
No podrán suspenderle el servicio del todo a quienes prueben incapacidad de pago, advirtió la Corte Constitucional a empresas prestadoras.
50 litros del líquido vital al día tendrán garantizados los colombianos en caso de que no puedan asumir el pago del servicio con puntualidad.
La decisión fue extendida a partir del caso particular de una mujer desplazada por la violencia, a cargo de 4 hijos y dos sobrinos, quien demandó a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, luego de que le restringieran el servicio por falta de pago.
La corte se pronunció a favor de la demandante, manifestando que EPM debía garantizar una cantidad mínima de agua sin importar la deuda existente, siempre y cuando la afectada probara la imposibilidad para responsabilizarse oportunamente por el pago.
NULAS DECISIONES POR ‘CARRUSEL DE PENSIONES’
La decisión fue tomada por un conjuez de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, quien explicó que los organismos que adelantaban la investigación debieron hacer llegar los procesos a esa entidad.
La contraloría y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que desarrollaban la investigación por el escándalo, debieron haber entregado los respectivos procesos en contra de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a esa misma corporación. Por no haberse dado tal condición, las decisiones tomadas por ambas entidades con relación al tema quedaron anuladas.
Los procesos que se adelantaban debieron ser suspendidos hasta que la sala de conjueces decidiera en torno al conflicto de competencias, dijo Isnardo Gómez, uno de los jueces encargados.
“La Comisión (de Acusación) debió haberlo enviado al Consejo Superior de la Judicatura, y como la Contraloría no aceptó la colisión, no le dio trámite a esa colisión, sino que propuso una autónoma ante el Consejo de Estado. Debió haberle enviado a éste último el proceso, y entonces lo que puede suceder es el castigo propio del procedimiento que son las anulaciones de las actuaciones”, aseveró
CMI
¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS QUE INTRODUCIRÁ EL CONGRESO EN LA REFORMA A LA JUSTICIA?
¿Cuáles son los cambios fundamentales adoptados por los ponentes en el Senado y en la Cámara, del proyecto de reforma a la justicia?
Primer cambio: se excluye el «habeas juris», que se consideraba una amenaza de desmonte de la tutela.
Segundo cambio: se regresan funciones nominadoras a las cortes, con un régimen de inhabilidades.
Los postulados para la Procuraduría y la Contraloría, así como la facultad de elegir al fiscal general, seguirán en poder de las cortes; se incluye la inhabilidad de que no podrán nombrar familiares de los magistrados.
Tercer cambio: se desmonta del todo la Supercorte.
Cuarto cambio: se establece que la Corte Suprema será también de cierre en materia penal y la última instancia para el juzgamiento de aforados es la Sala Penal de la Corte Suprema.
Quinto cambio: el juzgamiento de aforados quedará así: el presidente, el vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional serán juzgados por la Comisión de Acusación de la Cámara.
Todos los demás aforados, es decir, fiscal, procurador, parlamentarios y magistrados serán juzgados por la Corte Suprema.
Sexto cambio: en el juzgamiento a los aforados, la primera instancia será un cuerpo de instrucción y juzgamiento, cuyos miembros serán nombrados por la Corte Constitucional. Esa primera instancia es una sala adicional de la Corte Suprema; la segunda instancia será la Sala Penal de la Corte Suprema.
Séptimo cambio: las funciones jurisdiccionales adjudicadas a terceros serán temporales y solo se hará descongestión judicial.
Parodiando al vocero vaticano: «¡habemus reforma!».
MATONEO ESCOLAR: UNO DE LOS MÁXIMOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS ESTUDIANTES DE COLEGIOS
La ministra de Educación, radicó un proyecto con el fin de crear un sistema nacional de convivencia escolar.
El llamado 'bullying' es uno de los síntomas de violencia que se presenta en los colegios de todos los estratos. Es por esto que la ministra de Educación, María Fernanda Campo, radicó un proyecto con el fin de crear un sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la violencia escolar.
El objetivo del mismo es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la constitución de una sociedad democrática.
Al respecto, el representante Telésforo Pedraza, coautor del proyecto, reiteró su preocupación por estos casos que se han ido incrementando, así como por el 'ciberbullying', que es el matoneo pero en redes sociales.
Argumentó que, a través de la creación de un sistema de convivencia escolar, se pretende prevenir y mitigar estos casos. Es decir, ante la falta de denuncia de los niños que son víctimas de sus compañeros, se fomentará la confianza con rectores, profesores y padres de familia para que se visibilicen estos casos.
Para esto, necesitan la ayuda de los colegios y sus reglamentos internos que son los que deben sancionar estos casos en particular, mientras que el Gobierno, con la implementación de este proyecto, los pretende prevenir.